Ollachea, 15 de julio de 2024 – La comunidad campesina Ollachea ha iniciado un Proceso de Amparo contra las máximas autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán, en defensa de sus derechos vulnerados en el marco del proyecto hidroeléctrico San Gabán II.
Demanda por omisión de consulta previa y falta de pago de servidumbre
La demanda, presentada por el presidente de la comunidad, Everhard Bernedo Pari, denuncia la omisión del Minem de realizar la consulta previa, un derecho fundamental que les asiste como pueblo indígena ante la ejecución de proyectos que afectan su territorio ancestral.
Además, la comunidad exige el pago de la servidumbre de electroducto que atraviesa sus tierras por más de 24 años, sin que hayan recibido la compensación correspondiente. Esta línea de transmisión eléctrica, de 46 kilómetros de extensión y 24 metros de ancho, ha vulnerado el derecho de la comunidad al acceso equitativo a los beneficios generados por la infraestructura eléctrica.
Despojo de tierras y cuantiosa indemnización
Bernedo Pari también denuncia el despojo de 24.745 hectáreas de terreno por parte del Minem, mediante Resolución Suprema 045-2003-EM, emitida en el año 2003. La comunidad exige la restitución de sus tierras y una indemnización de ocho millones de soles, basándose en precedentes similares con la Hidroeléctrica San Gabán III, donde se pagó una suma comparable por un área similar de terreno, beneficiando a alrededor de 720 comuneros.
Audiencia crucial para defender los derechos de la comunidad
El Primer Juzgado Mixto de la provincia de Carabaya ha admitido a trámite la demanda y ha programado una audiencia virtual para el próximo 30 de julio a las 10:00 horas. En esta audiencia, la comunidad Ollachea presentará sus argumentos y pruebas para exigir el cumplimiento de sus derechos y la reparación de los daños causados.
La comunidad Ollachea se mantiene firme en su lucha por la justicia y la defensa de su territorio ancestral, exigiendo a las autoridades competentes el respeto a sus derechos fundamentales y la implementación de medidas justas y equitativas.
